La catástrofe que estamos viviendo ha puesto en evidencia el fuerte centralismo que existe en nuestro país y la debilidad de los gobiernos regionales y locales. Muchos de ellos, han demostrado incapacidad para recoger el sentir de la comunidad, ineficiencia en la entrega de soluciones para hacer frente a la etapa de emergencia, y ausencia a la hora de plantear un derrotero para reconstruir las ciudades y localidades destruidas, situación que ha generado mucha insatisfacción e incertidumbre en los ciudadanos. Está claro que la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos regionales y comunales surge como un desafío a la luz de los acontecimientos de los que hemos sido testigos. Sin embargo, creo que es fundamental e imprescindible relevar el rol que debe jugar la ciudadanía y las comunidades en estos contextos. Al respecto, podemos sacar lecciones y desafíos que sirvan para afrontar de mejor forma acontecimientos tan difíciles como el que estamos viviendo hoy día.
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Una lección nos señala la necesidad de que las comunidades se organicen, colectivicen sus problemáticas y las soluciones, y no esperen pasivamente que las soluciones lleguen desde arriba. Las comunidades y barrios que se han organizado han logrado enfrentar de mejor forma la etapa de emergencia; esta situación les ha permitido levantar nuevos liderazgos y fortalecer las organizaciones de base, tan alicaídas estas últimas décadas. Desde este punto podemos sacar dos desafíos: uno de ellos nos habla de la necesidad de fortalecer la ciudadanía y la sociedad civil para ser contraparte de las decisiones que el Estado y el Mercado toman en estos escenarios. |
Con una ciudadanía incapaz de tomarse los espacios de decisión, difícilmente el proceso de reconstrucción se realizará exitosamente y dará solución justa a los más afectados y vulnerables, por ejemplo, a aquellos que por no tener un título de dominio (es decir, los allegados, arrendatarios, incluso aquellos que no pueden solucionar situaciones de herencia y sucesión) no pueden optar a una solución habitacional dentro de sus barrios. Se hace necesario, entonces, el surgimiento de un movimiento social que reivindique el derecho a la ciudad de las personas más vulnerables y que contrarreste el poder que tiene el mercado inmobiliario en este ámbito, que genera ciudades segregadas, desiguales y violentas, y que hoy día obliga a muchas familias a buscar solución fuera de sus barrios, en las periferias de las ciudades.
El segundo desafío nos habla de la necesidad de buscar mecanismos colaborativos y cooperativos para enfrentar el proceso de reconstrucción, que permitan que no sólo los propietarios se queden en los barrios, sino que también aquellas familias sin propiedad, y al mismo tiempo, que las viviendas, los entornos y espacios públicos que se construyan sean de calidad, recojan mínimamente las inquietudes de las familias y respeten la identidad de los barrios.
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Sin embargo, y aunque es imprescindible la voluntad y el esfuerzo de los ciudadanos y las comunidades, también es necesario y urgente el convencimiento de todos los actores (autoridades, líderes políticos y sociales, instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, universidades) de que esta es la forma de reconstruir que respeta y resguarda los derechos de las personas y ciudadanos de este país y que deben ser parte y comprometerse con ella.
Elvira Valdivieso
Coordinadora del Programa Apoyo a Barrios
Miembro del directorio ONG SURMAULE
